Hace ya bastantes años, veía con
frecuencia a mi padre leer libros de historia. Yo, que siempre me he
puesto como objetivo ser una persona lo más práctica posible, no
entendía por qué en vez de dedicar tanto tiempo a leer sobre la
historia, no procuraba estudiar temas más actuales o pragmáticos.
Cierto día se lo comenté,
insinuándole que quizá podía aprovechar mejor el tiempo de otras
formas, a lo que mi padre respondió algo así: “Qué equivocado
estás hijo, de la historia se aprende mucho. Viendo como se han
resuelto situaciones o conflictos anteriores, fundamentalmente ayuda
a no volver a incurrir en los errores pasados que ha cometido la
humanidad”.
Desde ese momento, comencé a ver la
historia de otro modo. Posteriormente, me di cuenta que esa
argumentación que en su día me hizo mi progenitor no era
exclusivamente un pensamiento suyo, sino que eran muchos lo que
defendían esa teoría.
Cuando accedí como funcionario TIC a
la Administración, después de realizar el curso selectivo hace unos
7 años, estaba encuadrado en un área de desarrollo dirigiendo
proyectos. En ese momento, gran parte de los que gestionaba eran de
los llamados “llave en mano”. Se subcontrataban a una empresa,
que realizaba toda la gestión integral del proyecto en su sede, y
los TIC jefes de proyecto, interveníamos muy someramente en dicha
actividad, realizando más bien labores de “gestores de contratos”.
Nuestro trabajo se ceñía a asegurar que los contratos se llevasen
a cabo. Esto nos impedía poder tomar ninguna decisión ni
organizativa ni técnica, cediendo completamente el control del
proyecto en manos de la empresa.
Era por tanto un modelo de colaboración
público-privada totalmente ficticio. La Administración pública
ponía el dinero y la empresa se encargaba completamente del
proyecto, pero no había ningún tipo de colaboración entre ambas.
Estábamos maniatados de los pies a la cabeza, y los TICs, que somos
los que conocemos los entresijos de la administración, la
legislación vigente en materia electrónica, los proyectos
existentes, y somos los más interesados en que los proyectos salgan
adelante así como que los usuarios se sientan cómodos con ellos, lo
único que podíamos hacer era confiar en que la empresa realizara
bien su cometido.
Afortunadamente, según mi opinión,
ese modelo fue transformándose. Los TICs que trabajábamos con
proyectos fuimos reivindicando la necesidad de cambio, ya que en
ocasiones no éramos ni siquiera capaces de poder consultar la base
de datos para obtener una estadística que nos pedían, por no hablar
de la catástrofe que supondría el cambio de empresa en el contrato
de mantenimiento de la aplicación. Esto último incluso ahora,
supondría un grave escollo, pero eso es otro tema y algún día me
gustaría argumentarlo exponiendo mi modelo ideal.
El personal externo empezó a trabajar
en las dependencias de la Unidad Administrativa, y los jefes de
proyecto TIC comenzaron a ejercer como tal. Tenían más control
tanto técnico como organizativo de sus aplicaciones y, a la vez, se
favorecía la práctica de metodologías ágiles, cuyo pilar
fundamental es la unidad del equipo y distribución del conocimiento
entre todos sus miembros.
Sin embargo, esa transformación no
tuvo el amparo legal suficiente, sino que obedeció a cuestiones
puramente prácticas. Actualmente e ignorando la historia reciente
que impulsó el cambio, vuelve a resonar con fuerza la obligatoriedad
de recuperar el modelo anterior, donde todo el desarrollo se realiza
externamente.
Y, sinceramente, no parece ser una
cabezonería de nadie importante, sino que estoy plenamente
convencido que esa medida atiende a cuestiones legales y que casi
todos nosotros conocemos, a fin de evitar la cesión ilegal de
trabajadores. La administración debe cumplir la ley en su régimen
interno sin discusión alguna.
¿Cómo afrontar dicho problema, si por
un lado parece bastante evidente que el modelo anterior de proyectos
llave en mano no era el idóneo, pero por otro lado hay temas legales
que dificultan la implementación de otro paradigma más facilitador?
La solución pasa por modificar la
legislación, permitiendo un modelo de colaboración público-
privado verdadero, desarrollando aplicaciones apoyándose en un
diálogo real entre ambos sectores. No tiene ningún sentido que los
TIC no podamos tener contacto con el equipo de desarrollo, así como
tampoco lo tiene que los requisitos establecidos en un contrato sean
inamovibles, o muy rígidos en el mejor de los casos, si realmente
propugnamos desarrollar siguiendo metodologías ágiles.
Yo mismo he tratado de buscar algo de
flexibilidad a mis pliegos de desarrollo en aplicaciones tratando de
contrarrestar la incertidumbre que siempre existe en el SW, y he
obtenido alguna respuesta por parte de los Organismos intervinientes
pidiéndome mayor concreción en la redacción. Establezcamos algún
mecanismo de contratación que se asemeje un poco más a la realidad
del SW, que todos sabemos que no es igual a lo que puede ser por
ejemplo una obra y sin embargo rigen sus mismos principios.
De lo contrario, pueden ocurrir situaciones tan tremendas como desarrollar ciertas funcionalidades por el mero hecho de pasar una intervención, ya que en su día fueron definidas en un pliego, pese a que el tiempo y los usuarios detectaron ulteriormente que no tenía ningún sentido realizarla, o que había que enfocarlo de otro modo.
Concluyendo, la ley marca la actuación
de la administración, y es imperativo cumplirla. Pero eso no quiere
decir que la misma sea correcta o que surjan contextos nuevos que
provoquen que no sea idónea y requiera ser modificada. Es necesario
que, cuando estas situaciones se detecten, se actúe con celeridad,
ya que de lo contrario se impide el correcto funcionamiento de todo
el entramado administrativo. En este sentido, hay que ver los errores
del pasado para aprender de ellos, y si es necesario cambiar la ley
para solucionarlos, háganse dichos cambios.
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